Jornada: Reforma y contrarreforma de los delitos sexuales

El empeño feminista propone, desde hace décadas, repensar nuestras relaciones sociales. También las sexuales, porque, en cierto modo, lo que sucede en la intimidad es una proyección de lo que somos socialmente.

El Derecho, a veces más y a veces menos, atiende a esta resituación en la que la mujer reivindica un espacio del que el hombre se creía propietario.

En el plano penal, basta un vistazo a la evolución jurisprudencial de los últimos años en relación con la interpretación de algunas palabras clave en los delitos contra la libertad sexual para corroborar esta pretensión: desde la consideración del acceso sexual mismo hasta el alcance de las participaciones o de los modos intimidatorios o violentos.

Pero lo cierto es que esta tendencia interpretativa -esta atención de la judicatura a los cambios sociales- no ha sido suficiente para una determinada mayoría parlamentaria, que modificó los delitos sexuales para poner el foco, señaladamente, en la evidencia del consentimiento (solo sí es sí), así como en una expresión común que desterrase al ambiguo abuso (como un derivado del uso).

De este modo, los accesos sexuales no consentidos ya son todos agresiones. Luego vino todo lo demás: las rebajas de penas, las elucubraciones dogmáticas, la politización o la capitalización mediática del escándalo.

El Tribunal Supremo intenta unificar criterios en relación con la aplicación de un mandato constitucional hasta ahora poco conflictivo y, finalmente, una mayoría parlamentaria alternativa a otra de la misma legislatura modifica lo modificado para dejarlo, en parte, como estaba antes de la modificación primera.

Nadie, a estas alturas de la enrevesada crónica, ha podido mantenerse al margen y ya todo el mundo ha desarrollado intuiciones sobre el asunto: sensibilidades de ida y vuelta, simpatías o aversiones…