«Los Servicios Sociales no solo gestionamos, no solo tramitamos; necesitamos espacios en los que podamos intervenir con las familias y con los individuos», ha asegurado Marta Rubio, trabajadora social del Programa de Familias del Ayuntamiento de Logroño en la sesión de clausura del X Congreso de la Red Española de Política Social (REPS).
La trabajadora social ha aportado la visión práctica del trabajo directo con familias en situación de vulnerabilidad, añadiendo que «desde los equipos de tratamiento familiar se trabajan las relaciones, se trabajan los vínculos, que son muchas veces los únicos que sostienen las dificultades contextuales del sistema».
Ella ha participado en la mesa redonda ‘Políticas sociales como políticas transversales: políticas de familia en la sociedad del siglo XXI’, que ha contado con Almudena Moreno, catedrática de Sociología de la Universidad de Valladolid; Pablo García, catedrático de Sociología de la Universidad de Zaragoza; y Marta Rubio, trabajadora social del Programa de Familias del Ayuntamiento de Logroño. La mesa ha estado moderada por Ana Vega Gutiérrez, directora de la Cátedra Unesco de la Universidad de La Rioja.
En declaraciones a los medios de comunicación, Pablo García ha subrayado la transversalidad de las políticas familiares: «El interés y el impacto sobre el bienestar de las familias ocurre no solamente en la Dirección General de Familia, sino también en otras consejerías y ministerios, con medidas de las que somos poco conscientes, pero que influyen en el día a día».
El catedrático de Sociología ha advertido de las dificultades de gestión —«no es fácil: cada departamento tiene sus prioridades, tienen una limitación de gasto y a veces ocurre que el bienestar de las familias no forma parte de esas prioridades»— y ha defendido que el bienestar familiar se integre “como parte de la política ordinaria, no como algo extraordinario».
Para ello, ha planteado una “guía metodológica” que permita a las administraciones cumplir una obligación ya existente en un real decreto. «No hay una orientación sobre cómo hacerlo en la práctica y, por lo tanto, las consejerías deberían hacerlo, pero no saben cómo. Mi guía metodológica rellena ese hueco y hace más fácil cumplir con una obligación que ya tienen las personas responsables de hacerlo».
Por otro lado, Almudena Moreno ha aportado una visión estructural sobre la evolución de las políticas familiares y la necesidad de adaptarlas a los nuevos contextos sociales. «Todo lo que tiene que ver con las políticas familiares debe repensarse y reformularse en función del contexto de cambio social que se está produciendo en lo que tradicionalmente hemos llamado estados del bienestar», ha afirmado la catedrática de Sociología en la Universidad de Valladolid.
En este sentido, ha indicado: «Las situaciones familiares cambian, las estructuras familiares cambian, los vínculos cambian y las políticas asociadas a la redistribución de lo que disponemos han también que cambiar».
Asimismo, Almudena Moreno ha subrayado que «hay que seguir invirtiendo en políticas familiares de todo tipo, de gasto social y de servicios sociales». Además, ha destacado la importancia de evaluar el impacto de las medidas: «hasta ahora no se ha hecho una evaluación de las políticas, pero ahora sí que estamos empezando a hacer evaluaciones de impacto a ver si realmente la inversión en esos sectores es rentable o no. Esa sensibilidad existe, pero creo que muchas veces los gobiernos resuelven el día a día y dejan en un cajón informes que no llegan a leer».
LA RIOJA EN PERSPECTIVA COMPARADA
En la tercera jornada también se ha desarrollado la mesa de debate ‘Uso de datos para la investigación sobre políticas sociales: La Rioja en perspectiva comparada’, presentada por Ana Zuazo, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja, con intervenciones de Manuel Carmona, coordinador de la Unidad Estadística del IESA-CSIC; Olga García, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia; y Belén Cillero, coordinadora de Estudios Estadísticos del Gobierno de La Rioja. La actividad ha estado moderada y coordinada por Domingo Carbonero, profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja.
En declaraciones previas a la mesa, Olga García ha subrayado que «el uso riguroso de los datos es fundamental para conocer qué políticas funcionan y en qué medida mejoran la vida de las personas».
Ha añadido que la disponibilidad de información territorial «permite comparar realidades, identificar desigualdades y diseñar intervenciones más eficaces y ajustadas a las necesidades sociales».
Asimismo, ha señalado que los datos «no son solo cifras, sino herramientas para entender cómo se traducen las políticas en resultados reales» y que, «a partir de la evidencia empírica, podemos ver qué programas alcanzan mejor sus objetivos y cuáles deben rediseñarse”; en suma, “la evaluación basada en datos permite que la investigación universitaria se convierta en conocimiento útil para la toma de decisiones públicas».
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