“Es necesario que exista una información veraz y completa sobre las ventajas, los inconvenientes y los riesgos para la salud de los alimentos transgénicos”. Esa ha sido una de las demandas de Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña y vocal permanente de la Comisión General de Codificación.
Bello Janeiro ha participado en las Jornadas ‘Tendencias en Vino y Agroalimentación en el Siglo XXI’ que se ha celebrado en la Universidad de La Rioja impulsadas por el Centro de Investigación Aplicada Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación (CIVA) en las que ha demandado la puesta en marcha de un sistema de inspección nacional y un canal que haga llegar información clara y veraz al consumidor.
Tras recordar que la agricultura transgénica está cada vez más extendida tanto en cultivos como en países ha defendido la necesidad de poner en marcha “un sistema de inspección nacional que lleve a cabo un control riguroso sobre estos alimentos modificados genéticamente y un sistema que haga llegar al consumidor una información veraz y completa sobre las ventajas, los inconvenientes, los riesgos posibles para la salud de los alimentos transgénicos”.
"Los sistemas jurídicos, tanto el comunitario como el nacional, exigen una información sobre la trazabilidad"
Bello Janeiro no ha negado las “ventajas indudables” de estos productos, como el aumento de los márgenes de los agricultores produciendo más a menor coste o “incluso, dicen, ventajas para eliminar prácticamente la pobreza en el mundo… pero los riesgos son evidentes”, ha dicho recordando, por ejemplo, la crisis de las vacas locas. “Se trata de combinar esas ventajas y los posibles riesgos para el consumidor”, ha apuntado.
“Los alimentos transgénicos, para su comercialización, requieren una información exhaustiva a las autoridades administrativas que tienen que dar una autorización expresa para su comercialización. En ocasiones, en el etiquetado no aparece la información con la exhaustividad que sería necesaria”, defendió Bello Janeiro, rechazando que exista una voluntad expresa de ocultar información, pero insistiendo en que los “sistemas jurídicos, tanto el comunitario como el nacional, exigen una información sobre la trazabilidad, lo que implica informar en detalle desde que lleva a cabo la manipulación genética hasta llega al consumidor final”.
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