Sistema Interno de Información

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja, como máximo órgano colegiado de gobierno de la institución académica perteneciente al sector público, entiende la importancia de velar por la eficacia y rigor en el uso de los recursos puestos a su disposición para la ejecución de las competencias que tiene asignadas. Asimismo, en calidad de institución receptora y ejecutora de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se adhiere a la siguiente declaración institucional instada por el Consejo de Dirección de la Universidad de La Rioja en materia antifraude: La Universidad de La Rioja es una entidad ejecutora de fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la necesidad de contar con Plan de medidas antifraude donde se establezcan los compromisos inmediatos en esta materia.

Uno de los principales objetivos de la implementación del citado plan es la ejecución de una política antifraude que recoja y estructure actuaciones de manera proporcionada y en torno a cuatro elementos del denominado "ciclo antifraude": prevención, detección, corrección y persecución, así como la inclusión de un canal de denuncias que permita atender las posibles irregularidades detectadas con arreglo a lo estipulado por la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. No obstante, este esfuerzo debe ir más allá del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e integrar toda actividad desarrollada por la institución académica con objeto de asegurar y consolidar una cultura de alerta y prevención de riesgos frente al fraude.

Sirva este documento como punto de partida para manifestar el compromiso de la Universidad de La Rioja con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su Consejo de Dirección asumen y comparten este compromiso tal y como quedó acordado en la sesión de éste de 13 de diciembre de 2021, elevado al Consejo de Gobierno, como máximo órgano colegiado de gobierno de la institución académica, para ratificar y oficializar la presente declaración en virtud de las competencias estatutarias atribuidas en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja. Esta declaración se realiza en un marco jurídico donde los empleados públicos tienen, entre otros deberes, "velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural. y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres" (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno constituye, sin lugar a dudas, un verdadero avance en la fiscalización de la actuación pública. La Ley incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, reconoce y garantiza el acceso a la información y establece obligaciones de buen gobierno.

En la misma línea, la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja desarrolla las previsiones de la legislación estatal en el ámbito autonómico, incluyendo expresamente a la Universidad de La Rioja en su ámbito de aplicación.

Asimismo, la Universidad de La Rioja aprobó en Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2017 su propia normativa que precisa sus obligaciones en los ámbitos de transparencia y buen gobierno, destacando la creación del Portal de Transparencia la Universidad de La Rioja, que confirmó su compromiso con la rendición de cuentas y con la modernización de la administración universitaria y el Código de conducta, que compromete a los órganos unipersonales de ámbito general de la Universidad de La Rioja a seguir los principios de actuación previstos en el artículo 26 de la citada Ley 19/2013.

El objetivo de la presente iniciativa es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, la Universidad de La Rioja se dotará de procedimientos para declarar las situaciones de conflicto de intereses.

También contará con una Comisión Antifraude que en un primer momento se encargará de la elaboración del Plan Antifraude de la Universidad y posteriormente velará por el cumplimiento e implementación del plan y por las propuestas de mejora, formación, sensibilización, coordinación o revisión que deban realizarse con el fin de asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.

Así pues, con la finalidad de promover la prevención, detección, corrección y persecución de los posibles incumplimientos, un paso adelante en nuestro marco de integridad requiere la elaboración, aprobación y revisión periódica de un Plan de medidas antifraude y prevención de la corrupción, como un proceso permanente al que nos obligamos como Universidad.