La Jornada de Derecho Procesal ‘Guerra de Ucrania, la respuesta procesal a los delitos contra la comunidad internacional’ tiene lugar el lunes 23 de mayo, a partir de las 12:00 horas, en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.
Organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Escuela de Master y Doctorado y el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja, está coordinada por Pedro M. Garciandía González, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de La Rioja.
En ella, Luis A. Cucarella Galiana, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia ofrecerá la ponencia ‘¿Puede la Jurisdicción española activarse por los delitos cometidos con ocasión de la guerra de Ucrania?’.
A continuación, Héctor Olasolo Alonso, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Rosario (Bogotá, Colombia) y presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya intervendrá hablando sobre ‘La Corte Penal Internacional ante los delitos cometidos con ocasión de la guerra de Ucrania: presupuestos de activación y extensión de su jurisdicción’.
El contenido de la jornada se sitúa en la necesaria mirada que, desde las distintas parcelas del Derecho, también desde los encargados de su estudio en la Universidad, deben dirigir hacia aquellas situaciones de vulneración de los derechos humanos.
En concreto, desde la perspectiva del Derecho Procesal, los dos ponentes que participan en esta jornada analizan aspectos relacionados con la eventual comisión de delitos contra la comunidad internacional cometidos fuera de las fronteras territoriales de España, con ocasión de la Guerra de Ucrania.
El Dr. Luis Andrés Cucarella Galiana, abordará la cuestión desde una perspectiva interna. Es decir, a través del examen de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se fija la extensión y límites de la Jurisdicción española y los presupuestos para que nuestros tribunales puedan conocer de tales delitos.
El Dr. Héctor Olásolo abordará la cuestión desde una perspectiva internacional propiamente dicha. Es decir, analizará los presupuestos que son necesarios para que la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional se pueda activar y la extensión y límites de este órgano supranacional, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo.
Ni la Federación Rusa, ni Ucrania, son Estados Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Ucrania ha presentado en 2014 y 2015 dos declaraciones aceptando la jurisdicción de la CPI sobre presuntos crímenes internacionales (principalmente crímenes de guerra y de lesa humanidad) cometidos en su territorio entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014 (primera declaración) y a partir de esa fecha (segunda declaración). En contraposición, la Federación Rusa ha retirado su firma del Estatuto en noviembre de 2016.
Más recientemente, tras la entrada de las tropas rusas en Ucrania el 24 de febrero de 2022, más de cuarenta Estados Parte del Estatuto de la CPI, incluyendo España, han remitido la situación en este país a la Fiscalía de la CPI, solicitándole la apertura de una investigación sobre los crímenes allí cometidos.
A raíz de lo anterior, la Fiscalía de la CPI, que ha venido desarrollando un examen preliminar sobre la situación en Ucrania desde 2014, ha abierto formalmente una investigación el 2 de marzo de 2022. Asimismo, ha creado una página web a través de la cual cualquier persona con información relevante sobre la situación en Ucrania puede contactar a los investigadores de la CPI. Además, el 17 de mayo ha anunciado el despliegue de un equipo forense y de investigación en Ucrania.
En este contexto, surge la cuestión sobre la función que, en la práctica, puede efectivamente desempeñar la CPI en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes internacionales cometidos en el territorio de Ucrania.
