El libro ‘Envejecimiento, autonomía y seguridad’ es un volumen de 290 páginas editado por la Unidad de Publicaciones de la Universidad de La Rioja que hace el número 50 de la Biblioteca de Investigación.
Su publicación se enmarca dentro del proyecto de investigación nacional ‘La protección de la seguridad en la sociedad del riesgo’ financiado por el MEC y dirigido por José Mª Martínez de Pisón, catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la UR.
El aumento constante de los grupos de edad más avanzada en las poblaciones tiene consecuencias directas en las relaciones dentro de la familia y de la sociedad, al estar aquella en la base de ésta. El incremento del número de personas mayores de ochenta años y de ancianos que viven solos exige el aumento de la necesidad de cuidados por la inadecuada red de apoyo informal.
Esta situación reclama el replanteamiento de los principales objetivos hacia los que estaba dirigida la política socio-sanitaria en años anteriores, tal y como señalan algunos autores en esta obra. En la medida en la que la edad sigue siendo una fuente de desigualdad y discriminación, lo que se espera de la sociedad y los poderes públicos es la puesta a disposición de los medios y recursos necesarios para encauzar los proyectos vitales de todos, para garantizar la autonomía, la seguridad, la libertad personal, el respeto, las relaciones afectivas satisfactorias, la atención sanitaria y la integración social; condiciones básicas para el bienestar de todas las personas.
La nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia va a suponer una profunda transformación de sus estructuras, un sustancial incremento de sus dispositivos, nuevas formas de intervención y, sobre todo, la responsabilidad de gestionar un nuevo escenario de derechos ciudadanos.
Los Servicios Sociales están llamados a asumir responsabilidades y funciones, a gestionar el contenido de estos nuevos derechos -catálogo de servicios y prestaciones, beneficiarios, procedimientos-, el carácter público de este sistema y el apoyo a los cuidadores familiares entre otros retos.
La especial vulnerabilidad en la última etapa de la vida del ser humano exige un esfuerzo público especial para cubrir las necesidades de la realidad de la dependencia, y presentar alternativas a la misma que provean de autonomía y seguridad.
El concepto de cuidado se construye socialmente, la labor de cuidar no se percibe como trabajo cualificado, es una actividad basada en patrones sociales, los límites entre el cuidado formal e informal son inflexibles y todo ello justifica los bajos salarios percibidos, principalmente por mujeres.
Ser mujer es un contratiempo para el ejercicio de los derechos, a pesar de la considerable supremacía cuantitativa de las mujeres sobre los hombres en el peso demográfico, principalmente a edades avanzadas, pues multiplica las posibilidades de que pasen los últimos años de su vida solteras o viudas, viviendo, bien solas o bien dependiendo de los hijos. Lo que demuestra frecuentemente una mayor capacidad no sólo de supervivencia biológica, sino también de autosuficiencia en la soledad, para hacer frente a sus necesidades e, incluso, para prestar su ayuda a otros.
Evitar la ausencia de derechos reclama hacer visibles a las personas de edad, no como destinatarias de las ayudas y cuidados de la sociedad, lo cual magnifica las relaciones de dependencia y hace de los mayores sujetos pasivos, sino como artífices de su destino.
Las personas de edad (mujeres y hombres) tienen que seguir eligiendo su vida inexcusablemente y eligiendo las tareas que puedan y quieran realizar siendo artífices de su vida a través del ejercicio activo de sus derechos, manteniendo la dignidad frente al inevitable deterioro físico, la quiebra de la salud y la cercanía y posibilidad de la muerte.
