El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Mikel Buesa, afirmó hoy en Logroño que ETA ha aumentado sus campañas de extorsión empresariales hasta conseguir unos diez millones de euros anuales, que le servirían para compensar la merma de ingresos derivada de la ilegalización de Batasuna.
«En el estudio que he hecho estimo que la extorsión ha supuesto un poco más de cinco millones de euros anuales para el periodo 1993-2002, mientras que algunas informaciones la estiman ahora en el doble. Pero esto no está suficientemente verificado a la espera de la documentación judicial que lo avale», dijo.
Buesa hizo estas afirmaciones en una rueda de prensa, previa a una conferencia que pronunció en la Universidad de La Rioja acerca de los efectos económicos que ha supuesto el terrorismo de ETA para el País Vasco.
De acuerdo con los datos aportados por el presidente del Foro de Ermua, la economía de ETA se habría estado nutriendo en una buena parte de subvenciones públicas, que habrían aportado un 55 por ciento de los alrededor de los 236 millones de euros recibidos a través de Batasuna y de sus organizaciones cercanas.
«De ese 55 por ciento, casi el setenta por ciento lo habría proporcionado el Gobierno vasco, la corporaciones locales vascas el diez por ciento, la Unión Europea el diecisiete por ciento y el resto otras entidades», dijo.
La extorsión a los empresarios supuso el 22 por ciento de la anterior cifra y el resto correspondería a actividades mercantiles, «al saqueo y algunas fuentes no identificadas».
«Pero es que la economía del terrorismo no se agota en la obtención de recursos para financiar la actividades de la organización terrorista, sino que produce efectos económicos directos e indirectos», afirmó.
Esos daños, según este mismo estudio de Buesa, alcanzarían los 358 millones de euros anuales para ese mismo periodo que va de 1993 a 2002 en lo que se refiere a daños materiales, en 8,5 millones anuales en lo que se refiere a daños personales, en 339 millones en lo referente a los costes de seguridad y en los 34,4 millones en pensiones para las víctimas.
«En total, 739,6 millones de euros cada año», afirmó Mikel Buesa, hermano del parlamentario socialista vasco asesinado por ETA Fernando Buesa.
El catedrático también indicó que hay un tercer efecto económico del terrorismo etarra: el relacionado con el retraimiento de las inversiones económicas en el tejido industrial.
«El terrorismo genera incertidumbre y eso afecta al crecimiento económico. En este trabajo estimo, siguiendo los resultados de estudios previos, que en ese mismo periodo, la actividad terrorista habría causado una pérdida de 830.000 millones de euros, más de un veinte por ciento de su PIB», dijo.
Buesa destacó que este retroceso de la inversión ha motivado que la industria vasca haya perdido el peso específico en el conjunto de España que tenía a principios de la década de los noventa y que el plan secesionista del lehendakari, Juan José Ibarretxe, no haya ayudado a comienzos del siglo XXI a mejorar esta tendencia.
«Las decisiones empresariales también dependen de las expectativas de futuro y el clima que se ha creado con ese plan ha generado aún más incertidumbre», dijo.
Como consecuencia de ambas cosas, centenares de empresas vascas han cerrado sus puertas y se han trasladado a otras regiones españoles o han sacado parte de su producción a otras plantas fuera de Euskadi.
«En el País Vasco existen unas mil grandes o medianas empresas, el cuarenta por ciento de las cuales tienen ya parte de su producción fuera de allí», dijo.
En cuanto a las expectativas de paz que pueda haber ahora, Buesa afirmó que éstas «sólo las tiene un señor que se llama Rodríguez Zapatero y algunos de los que son amigos suyos».
«Realmente, no hemos visto ni un solo indicador que señale efectivamente que tales expectativas tienen visos de realismo», concluyó. (Agencia EFE)
