1. Ley de Contratos del Sector Público: el desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), en vigor desde el 9 de marzo de 2018, está produciendo la ralentización del desarrollo de la I+D+i debido a la imposibilidad de las universidades para adaptarse a ella, habida cuenta de la singularidad de la actividad investigadora. Somos conscientes de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el grupo de trabajo de Crue con el Ministerio de Economía y con la Agencia Estatal de Investigación. No obstante, las propuestas de solución aportadas hasta la fecha no ofrecen seguridad a las universidades ni dan soporte legal a los problemas derivados de la aplicación de la ley.
2. Contratación: es necesario reiterar la necesidad de revisar los mecanismos de contratación de investigadores con destino en las universidades públicas. No se ha avanzado en las soluciones a los problemas que denunciábamos en el último comunicado de la comisión en lo referente al encadenamiento de contratos y otros asociados a la contratación laboral temporal de investigadores.
Además, las restricciones a la contratación que impone la tasa de reposición continúa siendo un obstáculo para la renovación de las plantillas Docentes e Investigadoras.
3. Dificultades en la justificación de la inversión en la actividad investigadora: desde el G-9 de Universidades manifestamos nuestra preocupación respecto al nuevo sistema de justificación de costes indirectos establecido por la Agencia Estatal de Investigación. Su aplicación, con retroactividad y sin criterios claros, ha obligado a las universidades a cumplir estas exigencias en la más completa incertidumbre e inseguridad.
4. Objetivos de Desarrollo Sostenible: las universidades del Grupo 9 mostramos nuestro compromiso con los 17 Objetivos de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, y asumimos los compromisos de fomentar la I+D+i y una Educación Superior de calidad para fortalecer la paz, liberar a la Humanidad de la pobreza y promover los Derechos Humanos. Las universidades del G-9, en tanto que universidades públicas, aspiramos a tener un liderazgo en el desarrollo del Plan de Acción para la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030.
5. Acreditación I3: la comisión ha reflexionado sobre el proceso de selección de candidatos para el programa Beatriz Galindo al cual lograron presentar sus candidaturas a pesar de las dificultades del procedimiento. Los Vicerrectorados de Investigación valoran el programa positivamente, si bien como proyecto piloto, ya que los fondos destinados a esta primera Convocatoria no podrán resolver los graves problemas de relevo generacional y atracción y cuidado de talento tan necesarios para nuestro sistema. Esperamos que esta iniciativa tenga continuidad y que futuras convocatorias cumplan con este objetivo. En cualquier caso, persiste el problema de la estabilización de estos investigadores. Una vía para la incorporación de estos y otros investigadores sería permitir el acceso a la acreditación I3.
6. Gobernanza: ante las propuestas de cambios en el sistema de Gobernanza de las universidades públicas españolas, muchas de ellas afectando directamente a la I+D+i, manifestamos que el planteamiento de cualquier cambio en nuestro sistema de Gobernanza requiere, ineludiblemente, un amplio debate con la participación de todos los agentes sociales y debería ser liderado por Crue- Nuestro sistema universitario se ha adaptado y ha resistido bien ante situaciones muy complejas y es fruto y garante de nuestra tradición universitaria, ocho veces centenaria.
7. Colaboración Empresa-Universidad: la comisión reconoce que la Transferencia de Conocimiento desde las universidades a la sociedad pasa por una estrategia conjunta entre empresas, instituciones y universidad, en cuyo marco podría desarrollarse de forma efectiva la investigación colaborativa, la formación dual universitaria o los doctorados industriales.
