Una tesis doctoral -llevada a cabo por Jesús Gómez Tierno- sostiene que la Audiencia de lo Criminal de Soria fue «el principal referente judicial en materia penal de la provincia», cuyo estudio ayuda a conocer «cómo era la sociedad soriana de finales del siglo XIX y sus costumbres», así como cuáles eran «los principales problemas, inquietudes y anhelos» de sus habitantes.
Jesús Gómez Tierno ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis doctoral titulada ‘La Audiencia de lo Criminal de Soria’. Desarrollada en el Departamento de Derecho de la UR, ha sido dirigida por la profesora Isabel Martínez Navas.
La Audiencia de lo Criminal de Soria fue un órgano judicial colegiado constituido el 2 de enero de 1883 en la capital soriana con ámbito jurisdiccional sobre los cinco partidos judiciales entonces existentes en su provincia (Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, Medinaceli y Soria). Estuvo en funcionamiento hasta el 26 de julio de 1892, fecha en la que se convirtió, hasta nuestros días, en la Audiencia Provincial de Soria.
La profunda descentralización de los órganos judiciales colegiados que se produjo en España al constituirse las Salas y las Audiencias de lo Criminal en 1883, convirtió a la Audiencia de lo Criminal de Soria en el principal referente judicial en materia penal de la provincia; siendo entonces y, posteriormente como Audiencia Provincial, una de las instituciones más queridas y respetadas por los sorianos.
Además de constatar que una justicia colegiada cercana ofrecía la mejor de las garantías, la sociedad soriana de finales del siglo XIX se atrevió también a depositar en «su» tribunal muchas esperanzas de que su creación ayudara a obtener grandes beneficios tangibles para la capital y para toda la provincia (cuya población se encontraba tremendamente diseminada en 540 poblaciones).
En su tesis doctoral, Jesús Gómez Tierno hace un estudio detallado y riguroso de la Audiencia de lo Criminal de Soria durante su período de funcionamiento, además de valorar las repercusiones jurídicas y sociales que tuvo la entrada en vigor, al día siguiente de su constitución, de la reforma procesal que en materia criminal conllevaba el nuevo juicio oral y público.
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