El Grupo de Investigación ‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja organiza el jueves 12 y vienes 13 de septiembre la sexta edición de sus reuniones científicas, titulada en esta ocasión ‘Derecho a exigir derechos’.
En esta ocasión, diversas investigadoras expondrán los resultados de sus estudios sobre la transmisión generacional del derecho al propio cuerpo y a la autonomía; las dificultades legales, económicas y culturales que presentan los colectivos de mujeres homosexuales y de trabajadoras domésticas, ambos muy devaluados socialmente y con problemas de reconocimiento.
La VI Reunión Científica de Igualdad y Género ‘Derecho a exigir derechos’ está organizada por el Grupo de Investigación ‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja dentro de las actividades Universidad Saludable; y cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos (IER) y del Departamento de Ciencias de la Educación de la UR.
Quienes estén interesados en asistir a las sesiones de la actividad deben cumplimentar el boletín de inscripción y entregarlo en la Secretaría del Departamento de Ciencias de la Educación (Edificio Vives, 2.ª planta, despacho 213) o remitirla a través del correo-e: angeles.goicoechea@unirioja.es.
DEREHO A EXIGIR DERECHOS | El concepto encerrado en la expresión «El derecho a tener derechos», acuñado por Arendt en su obra ‘Orígenes del totalitarismo’, es entendido por esta autora como el derecho de las per-sonas a no ser expulsadas de una sociedad que se mueve en el seno de un marco legal que ampara a la ciudadanía, ya que el «derecho» se enraíza en la dignidad humana y «tener derechos» solo es posible en un estado que garantiza estos derechos en su ordenamiento jurídico.
Sin embargo, aun perteneciendo a un estado de estas características, muchos colectivos continúan soportando diferentes modos de dominación y opresión que deberían estar excluidos de los discursos y las normas, y recogidos en una legislación que garantizara el ejercicio de los mismos derechos para todas las personas.
Por tanto, la cuestión ya no es tener derecho a tener derechos, es decir, tener derecho a pertenecer a un estado que proteja los derechos, sino que, siendo ciudadanos/as de un estado democrático, tener derecho a exigir de ese estado que ejerza sus funciones más elementales: garantizar para todas las personas el ejercicio de los mismos derechos y proteger contra la discriminación legal.
