Carlos González Menorca ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis Desarrollo de una metodología para la gestión interna de proyectos en la Administración Pública.
Dirigida por Eliseo Pablo Vergara González y Marina Corral Bobadilla, la tesis ha sido desarrollada en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja y ha logrado la calificación de sobresaliente ‘cum laude’.
Una de las tareas en la gestión de proyectos en la Administración Pública es la selección de la empresa que presente la oferta económica más ventajosa en el proceso de licitación. Probablemente, una de las causas de mayor preocupación y descontento social, y más extendido por la gran mayoría de países del mundo, son los sobrecostes en la licitación.
Al hacer pública la licitación de una obra por tramitación ordinaria y procedimiento abierto uno de los documentos más importantes -y sobre el que prevalecen sus cláusulas por encima de las cláusulas del contrato final- es el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
En él que se establecen, los criterios que deberán cumplir las empresas para que sean consideradas en la selección del licitador (criterios de solvencia) y los criterios de adjudicación para establecer el orden de preferencia de la empresa que ejecutará la obra.
Uno de los orígenes de los sobrecostes puede «deberse al interés particular por adjudicar las obras a una determinada empresa, seleccionando dichos criterios para que una determinada empresa obtenga la mayor puntuación», señala el doctor González.
Otro de los problemas «son las bajas anormales o desproporcionadas que hacen las empresas para conseguir el contrato, para posteriormente recuperar parte de la baja a través de los llamados modificados».
En su tesis doctoral, Carlos González Menorca ha analizado 141 Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de 50 ayuntamientos de capitales de provincias españolas.
Entre otras conclusiones, la tesis arroja que solo el 30% de los PCAP se ajustan en su totalidad a los dictámenes que marcan las Juntas Consultivas, Tribunales Administrativos y Tribunal Supremo mediante sus informes, recomendaciones y sentencias. Así mismo, siguen existiendo casos de pliegos donde la fórmula aplicada para la valoración de la fórmula aplicada para la valoración de la puntuación del criterio precio no se ajusta a la legalidad vigente.
Por otro lado, solo el 50% de los criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas empleados por los ayuntamientos y el 68% de los criterios evaluables mediante juicio de valor empleados por los consistorios se ajustan a los dictámenes. «Los criterios para la apreciación de una baja como anormal o desproporcionada no parecen suficientes como para evitar los casos de posibles manipulaciones interesadas», señala el doctor González.
Además, el 90 % de los PCAP no garantiza que la obra no pueda salir nuevamente a licitación, de manera que se eviten retrasos y pérdidas económicas en el proceso. «La gestión de modificados -advierte Carlos González- no es lo suficientemente transparente como para que el resto de empresas que se han presentado a la licitación puedan defender sus derechos de libre competencia ante la justicia».
Finalmente, las propuestas realizadas en la tesis tratan de aportar una posible solución a estos problemas, ajustando dichas propuestas a la legislación vigente y estando alineadas con las resoluciones de los informes, dictámenes y sentencias, tanto de las Juntas Consultivas como de los Tribunales.
