«Hay una situación muy desigual en lo que es la detección y persecución del acoso sexual en el conjunto de la universidad española», ha asegurado Juan Carlos Hortal, adjunto al síndic de Greuges (defensor universitario) de la Universidad de Barcelona, en el XXVII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias que organiza la Universidad de La Rioja.
Juan Carlos Hortal, que es profesor de agregado de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, ha señalado que, si bien «todas las universidades tienen protocolo antiacoso, hay diferencias en el diseño» de estos, lo que a la postre determina «posiblemente la calificación, la persecución y la detección» de estos casos en cada universidad.
Sobre datos a este respecto, ha hecho mención al informe publicado recientemente por eldiario.es en el que se «hablaba de mil casos reportados desde el 2016 para aquí» y a que «normalmente suele darse una situación de asimetría entre las partes».
En este sentido, ha explicado que «es más difícil que se dé entre alumnos, pero normalmente suele haber una situación de asimetría (puede ser un director de departamento con respecto a un lector, un profesor que está por debajo de la escala jerárquica), pero esa asimetría es la que determina las situaciones de acoso que, por supuesto, requiere una condición importante, que es una reiteración en el comportamiento».
El proceso del protocolo antiacoso sexual empieza por la denuncia, «se abre el protocolo, se hace una fase de investigación, se toma declaración a quien denuncian, se toma declaración a quien es denunciado para garantizar el respeto de las garantías sobre el procedimiento», ha explicado para, luego, tomar decisiones.
Así, el expediente se puede cerrar concluyendo que «no hay una situación de acoso; o bien sí que la hay pero no adquiere la relevancia administrativa disciplinaria o penal; o bien adquiere relevancia disciplinaria y se le manda al rector para que abra un expediente disciplinario; o, incluso, si tiene indicios de criminalidad, se traslada a la Fiscalía» y, ha añadido, «si es un docente que se hace una vez empieza el protocolo, se le aparta».
En este sentido ha detallado que «las medidas cautelares se tienen que tomar cuando hay indicios de que, efectivamente, hay una conducta de acoso porque, si no, se estarían vulnerando sus garantías» mientras que a la víctima se le garantiza la «confidencialidad y el anonimato».
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